La decisión se tomó luego de que el Legislativo no lograra concertar una salida para el déficit presupuestal. Según Benedetti, el decreto ya cuenta con el respaldo de todo el gabinete ministerial y ha sido radicado para su ejecución inmediata. El ministro fue enfático en señalar que la carga tributaria no recaerá sobre la población vulnerable: “El decreto se firmó el día jueves por parte de los ministros y se hace con la estructura de ponerles impuestos a los megarricos y no, como han dicho la oposición y algunos empresarios, a la clase media”.

Entre las medidas más drásticas que contempla este estado de excepción se encuentra el incremento del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), el cual pasaría del 4x1.000 al 5x1.000, además de la creación de un nuevo impuesto al patrimonio para personas jurídicas con activos superiores a los 1.800 millones de pesos. Estos recursos estarían destinados a cubrir subsidios de energía, el financiamiento del sistema de salud y la deuda pública.

El ministro también advirtió que, sin estos recursos, la inversión en infraestructura se vería gravemente afectada. “No se pueden hacer las megaestructuras de obras civiles como las 4G, porque la Constitución dice que hay que pagar primero la deuda”, explicó el funcionario. Mientras tanto, gremios como la Andi y Fenalco han manifestado su preocupación, calificando la medida como un "salto" al debate democrático.

Ahora, el futuro de este decreto queda en manos de la Corte Constitucional, que deberá revisar si la situación del país cumple con los requisitos legales para justificar una emergencia económica. De no ser avalada, las medidas impositivas podrían caerse, dejando al Gobierno en un complejo escenario de desfinanciamiento.