La discusión del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) para 2026 se encuentra en un punto crítico. Tras vencerse el primer plazo para un acuerdo el pasado 15 de diciembre, la atención se centra ahora en la posibilidad de un decreto presidencial si no hay consenso antes del 30 de diciembre. Mientras que los gremios empresariales proponen un ajuste moderado del 7,21 %, las centrales obreras mantienen una ambiciosa apuesta del 16 %, buscando que el ingreso total supere la barrera de los 1,8 millones de pesos.

El piso de la negociación está marcado por la inflación causada y la productividad laboral, que se estima en un 0,91 %. Sumando estos factores, el incremento técnico base debería rondar el 6,3 %. Sin embargo, el Gobierno ha manifestado su intención de buscar un aumento de doble dígito, cercano al 11 % o 13 %, para dinamizar el consumo interno. “El objetivo es que el trabajador gane más en términos reales y no solo que empate con el costo de vida”, han señalado fuentes cercanas a la mesa de concertación.

Desde el sector empresarial, representados por Fenalco y la Andi, advierten sobre los riesgos de un alza desmedida. Según Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, un incremento muy superior a la inflación podría generar un “efecto de indexación” que presione nuevamente los precios al alza y afecte la generación de empleo formal. Por su parte, analistas financieros como los de UBS proyectan que un aumento del 11,5 % sería un punto de equilibrio para permitir una ganancia real sin disparar las tasas de interés del Banco de la República.

En el escenario propuesto por el Gobierno del 13,3 %, el salario básico pasaría de los $1.423.500 actuales a aproximadamente $1.613.426, sin contar el auxilio de transporte, que también recibiría un ajuste proporcional. De no lograrse un acuerdo en las jornadas extraordinarias, el presidente Gustavo Petro tendrá la última palabra para fijar la cifra que regirá el bolsillo de millones de colombianos a partir del 1 de enero de 2026.